Carta a esos ciertos límites: parte 2

Han pasado algunos meses desde que escribí otras líneas sobre los límites de la democracia, el 15 de diciembre de 2025. Y, curiosamente, no tengo demasiado que corregir. Más bien tengo que añadir. Porque hay cosas que, con el paso del tiempo, dejan de ser sospechas y empiezan a convertirse en hechos. Y hay otras que, por mucho que uno quisiera, ya no pueden explicarse como simples errores, accidentes o diferencias de criterio.

No quiero hablar de derecha ni de izquierda. Ya dije que esas palabras se quedan pequeñas para explicar lo que verdaderamente importa. Prefiero hablar de democracia. De humanidad. De esa frontera invisible que separa lo que una sociedad está dispuesta a tolerar de aquello que jamás debería aceptar.

Y vaya si hemos tenido motivos para pensar.

En estos meses hemos visto cómo el discurso del orden, de la seguridad y de la autoridad, ese que parecía venir a poner cada cosa en su sitio, ha terminado tropezando con sus propias decisiones. Porque resulta que, mientras se nos hablaba de mano firme, de delincuencia y de recuperar el país, el Ministerio de Justicia firmaba decenas de decretos que rebajaban las condenas de personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores. Cincuenta y seis casos. Cincuenta y seis historias que tienen detrás víctimas, familias y vidas que no aparecen en los discursos oficiales.

Después llegaron las explicaciones jurídicas, las interpretaciones de la ley, las responsabilidades compartidas y las declaraciones cuidadosamente redactadas. El Presidente reconoció un error, anunció revisiones y prometió cambiar las reglas. Pero hay algo que no termina de encajar: ¿cómo puede un Gobierno que hace de la protección de la infancia una de sus banderas no haber visto venir algo semejante?

Y no, no basta con reconocer el error cuando el escándalo ya está instalado en la puerta de La Moneda. Tampoco basta con anunciar una ley nueva cuando hay decisiones que ya produjeron consecuencias. La justicia no puede funcionar como una puerta giratoria para los argumentos del poder. Y las víctimas no pueden convertirse en una nota al pie de un procedimiento administrativo.

Hay algo profundamente perturbador en todo esto. No es solamente una cuestión de decretos, de firmas o de interpretaciones legales. Es una cuestión de sensibilidad. De saber dónde mirar antes de tomar una decisión. De entender que detrás de una condena hay personas que sufrieron, niños a quienes alguien les arrebató una parte de su vida y familias que todavía cargan con ese dolor.

Y mientras tanto, la aprobación presidencial cae. Las encuestas hablan de un respaldo que ronda apenas una cuarta parte de los consultados. No me interesan demasiado los números como termómetro de popularidad, pero sí como síntoma. Porque gobernar no consiste en ganar una elección y después esperar que el país se acomode a nuestras convicciones. Gobernar es escuchar, rectificar, hacerse cargo. Es comprender que el poder no es una propiedad privada ni un premio que se administra desde un escritorio.

También está la economía, esa realidad que no entiende de discursos ni de promesas. El desempleo se acerca al diez por ciento. Detrás de esa cifra hay más de un millón de personas buscando trabajo, familias que hacen cuentas antes de llegar a fin de mes, jóvenes que no encuentran dónde empezar y personas mayores que descubren que la experiencia, a veces, tampoco alcanza. Hay una diferencia enorme entre hablar de crecimiento y conseguir que ese crecimiento llegue a la mesa de una familia.

Y Chile sigue ahí, intentando sostenerse. Con sus problemas de seguridad, con sus desigualdades, con sus instituciones cansadas, con una economía que no termina de ofrecer tranquilidad y con una conversación pública cada vez más áspera. Parece que nos hemos acostumbrado a vivir en estado de alarma. Siempre hay una amenaza, un enemigo, una urgencia que exige nuestra atención y que nos invita a renunciar a alguna pequeña parte de nuestra libertad a cambio de una promesa de tranquilidad.

Pero ¿qué clase de tranquilidad estamos buscando?

Porque el Estado no es solamente un aparato que castiga, vigila, controla o reduce gastos. El Estado también debe proteger, cuidar, garantizar derechos y estar presente cuando alguien lo necesita. No puede ser fuerte para imponer y débil para acompañar. No puede exigir sacrificios a quienes menos tienen y después mostrarse incapaz de explicar sus propias decisiones. No puede pedir confianza como quien pide un cheque en blanco.

Y hay algo más que me inquieta: la memoria.

Porque en medio de este debate han vuelto a aparecer los nombres, las condenas y las discusiones sobre los beneficios para personas responsables de crímenes cometidos durante la dictadura. Otra vez tenemos que explicar por qué la memoria importa, por qué los derechos humanos no son una cuestión de simpatías políticas y por qué hay dolores que no prescriben en la conciencia de un país.

No se trata de vivir mirando hacia atrás. Se trata de no caminar hacia adelante con los ojos cerrados.

Me pregunto qué hemos entendido realmente por democracia. ¿Es solamente votar cada cierto tiempo? ¿Es aceptar que quien gana puede hacer cualquier cosa hasta la siguiente elección? ¿Es defender las instituciones únicamente cuando sus decisiones nos gustan? Yo creo que no. La democracia es bastante más frágil y bastante más exigente. Es aceptar límites, respetar al que no tiene poder, proteger al que no puede defenderse y recordar que ninguna mayoría tiene derecho a despojar a una persona de su dignidad.

Y tampoco quiero caer en la comodidad de pensar que todos los problemas vienen de un solo lado, de un solo Gobierno o de un solo nombre. Sería demasiado sencillo. Chile arrastra problemas que vienen de mucho antes y que no se resuelven cambiando los retratos de las oficinas ministeriales. Pero precisamente por eso hay que exigir más. A quienes gobiernan hoy y a quienes gobernaron ayer. A quienes prometen y a quienes administran. A quienes hablan de orden y a quienes hablan de justicia.

La vara debe ser la misma para todos.

No quiero un país donde la gente tenga miedo de salir a la calle, pero tampoco uno donde tenga miedo de reclamar. No quiero un país donde los delincuentes se sientan impunes, pero tampoco uno donde los derechos dependan de quién comete el delito o de quién tiene el poder para conceder un beneficio. No quiero un país que olvide a sus víctimas para celebrar la eficacia de sus procedimientos.

Quiero un país que entienda que la autoridad también consiste en saber decir que no. Que la firmeza no está reñida con la compasión. Que la seguridad no se construye sacrificando la justicia. Y que la memoria no es una carga que debamos arrastrar, sino una responsabilidad que debemos compartir.

Han pasado unos meses y sigo pensando lo mismo: hay límites.

Y esos límites no son de izquierda ni de derecha. Son los que nos permiten mirarnos a los ojos sin bajar la mirada. Son los que impiden que el poder se confunda con el derecho a decidirlo todo. Son los que nos recuerdan que detrás de cada cifra hay una persona, detrás de cada decreto una consecuencia y detrás de cada discurso una responsabilidad.

Quizá sea eso lo que más necesitamos recuperar: la capacidad de distinguir entre ganar y tener razón, entre gobernar y cuidar, entre imponer y convencer.

Porque Chile no necesita que todos pensemos igual. Necesita que podamos seguir reconociéndonos como parte de una misma comunidad, incluso cuando pensamos distinto.

Y yo sigo queriendo vivir en ese país. En uno donde la memoria no moleste, donde la justicia no se negocie, donde el trabajo sea una posibilidad y no un privilegio, donde los niños estén protegidos de verdad y donde la dignidad humana no dependa del color de una papeleta.

No sé si es mucho pedir.

Pero si eso es demasiado, entonces quizá el problema no esté en lo que estamos pidiendo, sino en lo poco que estamos dispuestos a defender.

Eso también quería decirlo. Esta vez, después de los hechos. Entre las mismas letras y los mismos silencios.

A.P.